Presentamos un resumen teórico del proceso de licitación electrónica para empresas y las ventajas que la gestión electrónica aporta al proceso. Descripción del concepto de licitación electrónica, funcionalidades y presentación de ofertas a través de la plataforma de Licitación Electrónica de Pixelware.
PIXELWARE trabaja para eliminar el sexismo lingüístico de nuestras plataformas de Contratación Pública Electrónica, que, a su vez, lo elimina también en la relación de la Administración Pública con la ciudadanía.
El pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Barcelona dejó de utilizar el papel en los más de 50.000 contratos que realiza anualmente. Gracias al portal de licitación electrónica de PIXELWARE, que unificará todos los trámites de presentación de ofertas de contrataciones del consistorio.
El carácter social y medioambiental que persigue la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) como la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, es evidente. No obstante, la normativa existente genera dudas sobre cómo incluir las consideraciones sociales y medioambientales a través de los criterios de adjudicación.
Por ello, es imprescindible acudir a la normativa y además a la doctrina de los Tribunales Administrativos de recursos contractuales, cuyas resoluciones están resultando bastante clarificadoras.
Verdaderamente hay, o había dos líneas posibles en cuanto a la consideración de los criterios de adjudicación sociales y medioambientales en los contratos públicos. Considerar que la nueva línea de la contratación pública apostaría por una contratación estratégica y promovería el uso “relajado” de criterios y condiciones de ejecución sociales y ambientales, o la opuesta, que es la que con carácter general, estamos observando: la limitación estricta de la aplicación de criterios sociales y ambientales en los criterios de adjudicación de contratos del sector público. En particular, no es discutible afirmar que hay tres tipos de gestores:
El pasado día 4 de Febrero de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 3/2020 que cambia la reglamentación de los contratos menores en la Ley de Contratos Públicos (LCSP).
El cambio en cuestión supone la desaparición del límite anual por proveedor. Esto implica que, el órgano contratante no tiene que acreditar que el proveedor no ha firmado contratos menores que de forma individual o conjunta sobrepasen el importe que limita los contratos menores en un año (40.000 euros en obras y 15.000 en suministros y servicios).
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