Este artículo recoge 5 ejemplos de procesos de contratación pública socialmente responsable en España y Europa. Muestra la diversidad de oportunidades y aplicaciones disponibles para que los organismos públicos utilicen sus compras estratégicamente para generar resultados sociales reales como marcan la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) y las Directivas europeas de contratación.
En el artículo, Criterios de adjudicación sociales o medioambientales de los contratos públicos puede encontrar más información relacionada con la temática.
1. Acuerdo marco socialmente responsable para los servicios de limpieza
Autoridad contratante: Generalitat de Cataluña, (España)
Contrato de servicios
Sector: Servicios de limpieza
Objeto del contrato público
En 2018, la Generalitat puso en marcha un nuevo acuerdo marco de servicios de limpieza socialmente responsables y respetuosos con el medio ambiente para sus edificios administrativos en seis territorios (ciudad de Barcelona, resto de la provincia de Barcelona, así como las provincias de Girona, Lleida, Tarragona, y las oficinas de la Generalitat de Catalunya en la ciudad de Madrid).
En la licitación pública electrónica participaron 48 empresas y se seleccionaron un total de 39 empresas como potenciales proveedores en uno o varios lotes del mencionado acuerdo marco. En octubre de 2019, se habían adjudicado 187 contratos públicos, lo que representa un importe total de más de 51 millones de euros.
Objetivo de política social
Mejorar las condiciones laborales de los empleados del sector servicios que trabajan en edificios del sector público, promover la igualdad de género y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Criterios sociales de adjudicación de los contratos públicos
En la fase de adjudicación de los contratos públicos, se otorgaron puntos a los licitadores que pudieran demostrar su compromiso con las prácticas laborales socialmente responsables a través de un Plan de Calidad. Este Plan de Calidad valió 49 puntos en total y cubrió los siguientes aspectos:
• Medidas de seguridad y salud ocupacional (hasta 10 puntos)
• Medidas para promover la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres (hasta 10 puntos)
• Medidas para promover la conciliación de la vida personal y laboral (hasta 5 puntos)
• Procedimiento de resolución de incidencias (hasta 12 puntos)
• Metodología para evaluar la calidad de servicio (hasta 12 puntos).
Verificación
Se creó una Comisión de Seguimiento compuesta por varios departamentos gubernamentales para asegurar la correcta ejecución del convenio marco y verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas.
2. Emilia-Romagna apuesta en sus contratos públicos por muebles con un impacto ambiental y social reducido
Autoridad contratante: Región Emilia-Romagna (Italia)
Contrato de suministros
Sector: Mobiliario
Objeto del contrato público
Compra de mobiliario nuevo con impacto ambiental y social reducido. La compra se dividió en 3 lotes, en función del material y las especificaciones técnicas del mobiliario.
Objetivo de la política social
El objetivo del proceso de licitación pública era dotar a las oficinas de un mobiliario renovado con un impacto ambiental reducido. Además, la eliminación de los muebles reemplazados también formaba parte de la adquisición, con el objetivo de donarlos a una organización benéfica, como la Cruz Roja u otras organizaciones de trabajo voluntario registradas en Italia o en un país extranjero.
Criterios medioambientales de adjudicación de los contratos públicos
El contrato público se adjudicó sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, prestando atención a la calidad técnica, los estándares ambientales y sociales de las ofertas. Los criterios de adjudicación se ponderaron de la siguiente manera:
• Costo: 30%
• Oferta técnica: 70%
La Oferta Técnica incluyó criterios sociales que aportaron 7 de 70 puntos (10%) y se dividieron de la siguiente manera:
• 2 puntos por poseer la certificación SA 8000, o equivalente, contra el trabajo infantil, forzado y discriminado
• 2 puntos por tener la etiqueta BS OHSAS 18001, o equivalente, sobre seguridad y protección de la salud
• 3 puntos por la reutilización de muebles viejos, acreditado mediante declaración en el concurso
Además, se disponía de hasta 5 puntos por poseer el estándar EMAS, ISO 14001 o Huella de Carbono o equivalentes.
Verificación
En las condiciones de la contratación pública prestó especial atención al mecanismo de verificación de seguimiento para garantizar la ejecución eficaz de la licitación. La verificación comprendió lo siguiente:
• La empresa adjudicataria se compromete a aceptar auditorías externas para la verificación de estándares sociales mínimos;
• Dentro de los 6 meses posteriores a la adjudicación del contrato público, la empresa debe proporcionar a Intercent-ER una visión clara y documentada de la cadena de suministro de los productos que se entregarán;
• Debe establecerse un sistema de seguimiento y evaluación a lo largo de la cadena de suministro con la “mejora continua” de los estándares ambientales y sociales en su núcleo;
• Dentro de los 12 meses posteriores al inicio del contrato, el contratista debe proporcionar un documento sobre las acciones correctivas emprendidas en la cadena de suministro
3. Creación de oportunidades de empleo a través de cláusulas de integración laboral
Autoridad contratante: Departamento de Ille et Vilaine, (Francia)
Contrato de obras
Sector: Construcción
Objeto del contrato público
En 2018, el Departamento de Ille et Vilaine publicó la convocatorias de licitación para la construcción de tres nuevas escuelas. En cada uno de ellos se incluyeron cláusulas de cumplimiento obligatorio del contrato relativas a la integración social y profesional.
Objetivo de política social
Desde 2005, el Departamento de Ille et Vilaine se ha comprometido a integrar cláusulas sociales en su contratación pública y a promover una contratación ética, equitativa y ambientalmente responsable.
Su Política de Compra Sostenible se adoptó en junio de 2018, y para 2021, Ille et Vilaine tiene como objetivo generar 70.000 horas de trabajo anual en contratos públicos mediante la integración de cláusulas sociales en los contratos. En 2018 superó esta meta anual, logrando 80.556 horas de cláusulas laborales para 355 personas.
Criterios sociales de adjudicación de los contratos públicos
Para cada contrato público se definió el número de horas de inserción laboral por lote, que van desde 105 a 860 horas en lotes como carpintería, pintura, obras eléctricas y paisajismo.
Las ofertas que no se comprometían a cumplir con estas cláusulas fueron excluidas del concurso. Al adjudicarse el contrato público, el operador económico debía presentar propuestas al órgano de contratación sobre cómo planeaba cumplir las cláusulas de empleo en un plazo de siete días.
Para ayudar a los licitadores con esto, Ille et Vilaine proporcionó su guía «Activación de cláusulas de integración social» para empresas como anexo a la licitación pública electrónica. Esto explica cómo se define el término «personas que encuentran dificultades particulares de integración» y los datos de contacto de las organizaciones que pueden apoyar la contratación de cada uno de estos grupos.
Las personas que encuentran dificultades de integración se definen de la siguiente manera:
• Beneficiarios de «Ingresos Solidarios Activos» («RSA») (es decir, personas que buscan empleo) y sus dependientes
• Buscadores de empleo a largo plazo (aquellos registrados como desempleados durante más de 12 meses);
• Trabajadores reconocidos como discapacitados (según la definición del artículo L 5212-13 del Código del Trabajo)
• Beneficiarios de la Asignación Solidaria Específica (SSA), la Asignación para Adultos Discapacitados (AAH) y la Asignación por Discapacidad
• Jóvenes por debajo del nivel educativo francés «Nivel 5» (es decir, sin más formación o logros educativos más allá del nivel escolar);
• Personas que realizan un curso en el SIAE (Structures d’insertion par l’Activité Economique – conjunto de asociaciones, talleres y lugares de integración o empresas de integración temporal, que tienen convenios con el Estado para apoyar a los trabajadores con dificultades sociales y profesionales
• Personas empleadas en el GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, un grupo de empresas comprometidas con proporcionar formación y experiencia a los trabajadores)
• Beneficiarios de contratos de profesionalización o aprendizaje.
Verificación
Ille et Vilaine ha establecido un sistema para monitorear la implementación de cláusulas sociales en todos sus contratos públicos. Se ha establecido una comisión de seguimiento (que incluye representantes que trabajan en las funciones de adquisiciones, integración, desarrollo social local, educación y medio ambiente), que se encarga de verificar el progreso y planificar la integración de la cláusula social en los futuros procedimientos.
4. Los contratos públicos reservados como herramienta para proteger a las personas más vulnerables y al medio ambiente
Autoridad contratante: Ayuntamiento de Salamanca
Contrato de servicios
Sector: Construcción
Objeto del contrato público
Servicios de limpieza y mantenimiento de parques locales, espacios verdes, arbolado urbano y polideportivos
Objetivo de la política social
Promover una mayor calidad del empleo, mejores oportunidades de empleo para las personas que están lejos de los mercados laborales (incluidas las personas con discapacidad), la promoción de la igualdad, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental.
Criterios sociales de adjudicación de la contratación pública
Los criterios de adjudicación del contrato público de jardinería incluían una serie de disposiciones sociales más allá de los requisitos específicamente vinculados a la elegibilidad para contratos reservados.
• Precio (hasta 35 puntos)
• Empleo de personas desfavorecidas situaciones más allá de la participación mínima requerida (hasta 10 puntos)
• Uso de vehículos y maquinaria de bajas emisiones (hasta 5 puntos)
• Uso de nuevas especies de plantas (hasta 5 puntos)
• Criterios sociales (15 puntos); incluido el ajuste un plan de igualdad de género (5 puntos), medidas que permitan la conciliación de la vida personal y laboral (5 puntos) y un programa de formación para los empleados (5 puntos)
• Criterios ambientales (15 puntos); incluyendo medidas de control de emisiones (5 puntos), acciones de sensibilización (5 puntos) u organización de gestión de residuos (5 puntos)
• Organización de la calidad del servicio (15 puntos)
Verificación
La verificación de los requisitos del contrato público se llevó a cabo durante la fase de adjudicación. Posteriormente, el Ayuntamiento monitoreó el cumplimiento de los requisitos, tanto sociales como técnicos, durante la ejecución del contrato. El contratista también está obligado a presentar un informe anual de actividades.
5. Licitación pública reservada para empresas sociales
Autoridad contratante: Departamento de Vendée, (Francia)
Contrato de suministros
Sector: Alimentación y catering
Objeto del contrato público
Servicios de suministros agroalimentarios relacionados con la preparación de alimentos ecológicos (especialmente verduras, frutas y productos lácteos). Los servicios se prestan a más de 30 escuelas.
Objetivo de la política social
Al adjudicar el contrato a una empresa social que trabaja con personas con discapacidad, el Departamento de Vendée aseguró un impacto social positivo y promovió el uso de alimentos orgánicos de producción local, con los siguientes resultados:
• Los servicios agroalimentarios contratados apoyan el empleo de 10 personas.
• Cada año se entregan a las 34 escuelas más de 1,8 millones de comidas que contienen más de 100 toneladas de productos orgánicos. Los productos orgánicos representan del 10 al 15% del contenido de las comidas servidas.
Criterios sociales de adjudicación de la contratación pública
La licitación pública electrónica se reservó para organizaciones que emplean entre un 55% y un 100% de personas con discapacidad. No había ningún requisito geográfico en la licitación publicada. La publicidad definió los requisitos de manera objetiva para recibir respuestas de diferentes licitadores.
• Precio: 35%, basado en un volumen anual estimado de alimentos procesados;
• Desempeño ambiental: 25%, basado en los servicios propuestos y las fuentes de energía utilizadas para realizar estos servicios de manera amigable con el medio ambiente;
• Calidad técnica: 25%, en función de la calidad del personal y organización institucional y de las garantías de rendimiento previstas para el procesamiento de los alimentos.
Verificación
La legislación francesa exige un sistema de verificación para que las «empresas adaptadas» celebren un contrato con las autoridades francesas. Las autoridades estatales deben realizar controles periódicos. También hay una disposición en el contrato que requiere que el contratista proporcione un informe de actividad cada año que presente: porcentaje de personas discapacitadas movilizadas para la ejecución de servicios, diferentes tipos de servicios prestados y número de horas trabajadas por las personas discapacitadas en cuestión.
Bonus. Licitación pública para el uso de piedra natural socialmente responsable para obras de construcción
Autoridad contratante: Distrito de Friedrichshain-Kreuzberg, Berlín, (Alemania)
Contrato de suministros
Sector: Construcción
Objeto del contrato público
Al repavimentar Mehringplatz en 2018-2019, el distrito de Friedrichshain-Kreuzberg en Berlín decidió fortalecer su compra socialmente responsable mediante el lanzamiento de una licitación piloto para piedras naturales certificadas como responsables.
Objetivo de política social
Este enfoque fue elegido debido a las graves violaciones de los derechos humanos y laborales que a menudo se observan en el sector, incluidos graves riesgos para la salud y la vida de quienes trabajan en la minería y el procesamiento, así como prácticas de trabajo infantil, pagos insuficientes y falta de medidas de seguridad y salud.
Criterios medioambientales de adjudicación de la contratación pública
Dentro de su oferta, los licitadores deben indicar en qué países / territorios se extraen y fabrican las piedras que utilizarán para la ejecución de este contrato, y presenten una declaración comprometiéndose a proporcionar piedras que cumplan con todas las normas laborales y sociales que se mencionan en las especificaciones técnicas. Si no se presenta esta declaración, la oferta es eliminada.
El contratista seleccionado debe obtener exclusivamente piedras naturales para contrato de operaciones de extracción y procesamiento que cumplan de manera demostrable con todas las normas fundamentales de la OIT (que se enumeran a continuación). Además, el contratista debe comprometerse a seguir mejorando las siguientes normas laborales y sociales adicionales:
• Seguridad y salud ocupacional de los trabajadores (ropa protectora, minimizando el contacto con sílice y otros polvos minerales).
• Pago de salarios mínimos legales de acuerdo con los requisitos del país de extracción y procesamiento.
Se pidió a los licitadores que presentaran certificados o pruebas equivalentes de que las piedras se obtendrían de instalaciones de fabricación y minería responsables al presentar las ofertas. Por ejemplo:
• Certificado Xertifix
• Certificado Fair Stone
Verificación
Se debe proporcionar evidencia del cumplimiento de las normas laborales y sociales tanto al presentar las ofertas como a la entrega de las piedras, en forma de un certificado de una organización de certificación independiente.
Si el contratista viola alguna obligación contractual, se puede aplicar una penalización del 1% del valor del contrato por cada violación, o en caso de varias violaciones, hasta el 5% del valor del contrato. Si el contratista pierde su certificación como proveedor responsable por su propia conducta indebida, el poder adjudicador tiene derecho a rescindir el contrato y el contratista debe pagar los costos resultantes al poder adjudicador, en particular el costo de reapertura de la licitación.
Estos casos de éxito en contratación pública socialmente responsable han sido seleccionados del informe (en inglés): «Hacer que la contratación pública socialmente responsable funcione: 71 casos de buenas prácticas» de la Comisión Europea.
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