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Alternativas a los contratos menores
El objetivo será reflexionar sobre las alternativas y mecanismos que pueden contribuir a facilitar una mayor agilidad, flexibilidad y eficiencia en la contratación pública, conforme a las disposiciones normativas en vigor.
Opciones que la LCSP puede ofrecer a los Contratos Menores para agilizar los procedimientos de selección de contratistas y la celebración de contratos.
Alternativas y mecanismos que pueden contribuir a facilitar una mayor agilidad, flexibilidad y eficiencia en la contratación pública, conforme a las disposiciones normativas en vigor
Los contratos menores: el contexto previo
• Excesivo recurso a los contratos menores por los órganos de contratación.
• Empleo en contratación de prestaciones periódicas + fraccionamiento + concatenación.
• Nuevo Régimen legal más limitativo:
– Reducción de cuantías máximas.
– Informe no alteración objeto del contrato + no suscripción por el contratista otros contratos menores que superen límites.
• “Desaparición” del negociado sin publicidad por razón de cuantía.
El Contrato Menor en la nueva Ley de Contratos del Sector Público
El contrato menor ha sufrido, al menos teóricamente, unas restricciones importantes en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). ¿Cuáles son?
1. ¿Qué es el contrato menor?
La regla general establecida en art. 118.1 LCSP. es que los contratos menores del sector público son la forma con que pueden contratarse las obras de valor estimado inferior a 40.000 euros (con el TRLCSP eran 50.000.-€) y los contratos de suministro o de servicios (antes se decía el resto ¿qué ocurre con los contratos artísticos ahora…por ejemplo?) de valor estimado inferior a 15.000 euros (con el TRLCSP eran 18.000.-€). Son cuantías mínimas, es decir, las CCAA pueden imponer mayores exigencias (dispos.final 1ª LCSP).
El DEUC, protagonista principal en el camino hacia la interoperabilidad europea
La contratación pública supone el 20 % del PIB de la UE, cantidad manejada por los más de 300.000 órganos de contratación a lo largo de los distintos países miembros. Esta cifra significativa hace de la interoperabilidad un asunto de gran importancia para la Comisión Europea y el mercado común europeo.
Las autoridades públicas pueden utilizan la interoperabilidad en la contratación electrónica como palanca estratégica, para obtener una mayor rentabilidad por cada euro de dinero público gastado y contribuir a una economía más innovadora, sostenible, inclusiva y competitiva. Además, facilita el acceso de las pymes a la contratación pública transfronteriza.
La tramitación anticipada de los contratos
El artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la contratación anticipada estableciendo que:
“Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley”
Este precepto venia avalado por:…
Interpretaciones dispares a los recursos interpuestos por la no implantación de la Contratación Electrónica
Antes de comenzar el análisis de los cuatro pronunciamientos hasta ahora dictados por el TACRC, debemos partir del estudio del Expediente 2/18, sobre Cuestiones sobre la tramitación electrónica de los procedimientos, emitido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE) del que podemos extraer la siguiente conclusión: a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 la regla general para la presentación de las ofertas es la utilización de los medios electrónicos, que sólo cede ante los casos tasados previstos en la citada disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, debiendo en cualquier caso justificarse la excepción de forma expresa.
La transparencia y la Publicidad en la Ley de Contratos
La regulación contenida en el artículo 63 de la LCSP incrementa considerablemente la obligación de publicidad activa sobre los contratos que impone el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG), por lo que, desde este punto de vista, la LCSP da una vuelta de tuerca más a la necesidad de incrementar la transparencia en este sector de la actividad administrativa tan castigado por la corrupción.
Criterios de adjudicación de contratos públicos según la Ley de Contratos (II)
Una vez expuesto qué requisitos tienen que tener los criterios y su tipología, en qué contratos deben usarse más de un criterio y qué porcentaje debe utilizarse, tal y como señalé en el artículo del mes pasado, continuaré explicando cómo deben aplicarse los criterios de adjudicación, tal y como se prevé en el art. 146 y siguientes de la LCSP.
¿Cuántos criterios de adjudicación pueden utilizarse?
– La regla general es que se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación.
– Excepcionalmente, es posible utilizar un solo criterio de adjudicación siempre y cuando esté relacionado con los costes (por ej. se podrá utilizar el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida).
– No utilizar el precio es excepcional
¿Qué criterios conviene utilizar?
Criterios de adjudicación de contratos públicos según la Ley de Contratos (I)
Una de las principales novedades más destacables en la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) es que ha desaparecido el concepto oferta económicamente más ventajosa y se ha puesto el acento en la calidad y no sólo en el precio.
Por todos es conocido lo importante que es seleccionar correctamente los criterios de adjudicación de los contratos públicos, ya que el objetivo va a ser comprar servicios, obras o suministros de gran calidad. En particular, el nuevo concepto es el de oferta con mejor relación calidad-precio.
La regulación de los criterios de adjudicación se realiza en los artículos 145 y ss. de la Ley de Contratos del Sector Público.
Prestaciones de carácter intelectual, ¿Qué son y dónde se regulan en la LCSP?
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LSCP) no define de forma expresa qué son y qué se entiende por prestaciones de carácter intelectual.
No obstante, la Disposición Adicional 41ª LCSP reconoce las prestaciones de carácter intelectual en los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Este precepto no realiza una lista tasada de servicios. Por ello, otros contratos pueden ser considerados de esta misma manera y contener prestaciones de carácter intelectual como por ejemplo, la impartición de formación, los servicios jurídicos, tecnológicos, de consultoría, y en general, científicos (particularmente en sus fases de I+D).
Cabe destacar que en múltiples preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público (como el art.143.2, 145.3g), 159.1b) y 160.4 LCSP) se ponen de ejemplo los servicios de ingeniería y arquitectura, como servicios con prestaciones de carácter intelectual, pero insisto no por ello, sólo son esos los servicios.
A continuación, se detallan los CPVs (Common Procurement Vocabulary – Vocabulario Común de Contratación Pública), de los contratos que a priori pueden considerarse tienen prestaciones intelectuales
Sigue creciendo la Contratación Electrónica y con ella la puesta en marcha de las Plataformas Pixelware
Como ya nos contó Gabriel Sánchez Dorronsoro en el Seminario SOCINFO del pasado 5 de Junio, es un proceso imparable.
En este proceso de implantación muchos Organismos Adjudicadores han sido los que han elegido las plataformas PIXELWARE de Contratación Electrónica para dar cumplimiento a la nueva LCSP.
Estas son algunas de las plataformas más destacadas que han entrado en producción en los últimos meses:
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Barcelona y otras seis ciudades adjudican conjuntamente su plataforma de Licitación Electrónica a PIXELWARE
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