ONTIER España y PIXELWARE ofrecen un análisis de cuál será el marco de los contratos públicos, que aportará mayor transparencia y agilización de los trámites con las Administraciones. 

La nueva ley de Contratos del Sector Público cambiará por completo la relación entre la Administración y los licitadores.

Llegada a la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector Público

En febrero de 2014 se aprobaron las Directivas del Parlamento y del Consejo Europeo 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre Contratación Pública, cuyo plazo de trasposición vencía en abril del 2016. Desde esta fecha entraron en vigor una serie de normas de aplicación directa en lo referente a la Contratación Pública, y la Unión Europea abrió un expediente sancionador a España por no haber aprobado una ley específica. El proyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público se presentó el pasado noviembre, se encuentra en su fase final, y es de inminente aprobación.

Mientras tanto, desde abril de este año ha entrado en vigor la obligatoriedad de la Contratación Electrónica para las centrales de compra. Y a partir de octubre de 2018, todas las administraciones públicas deberán realizar los procedimientos de contratación electrónicamente.

Este es el contexto de la jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público que el Área de Derecho Público de ONTIER España y PIXELWARE celebraron el 22 de junio en Sevilla. Durante la jornada, se analizaron algunos de los puntos relevantes del proyecto de ley de Contratación Pública, se comentó la regulación de los precios del contrato y la problemática derivada de los llamados “contratos con precio cero”. Se detalló el calendario de plena digitalización de la contratación y licitación de las administraciones públicas, así como los avances en reducción de costes y en la agilización que suponen las nuevas tecnologías en Justicia.

Por otra parte, se explicó cómo las Directivas Europeas pretenden que la contratación pública resulte más transparente, eficiente y flexible, evite las malas prácticas, y permita una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. Sus objetivos principales son la transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia en la contratación pública.

Resumen del evento en imágenes

Entre los expertos destacados del evento son de interés especial las ponencias de del Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla, Don Luis Enrique Flores Domínguez, y de María José Santiago Fernández, Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía.

D.  Francisco de Haro, socio de Ontier, inauguró la jornada

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Safwan Nassri, CEO de PIXELWARE, escucha las ponencias en la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector Público


Pedro Rubio Escobar la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector PúblicoPedro Rubio Escobar, socio del Área de Derecho Público de ONTIER España, expuso su punto de vista sobre los contratos públicos a “precio cero” que constituyen un problema en la contratación pública, si bien la mayoría de administraciones y resoluciones judiciales avalan este formato.

Como expuso Rubio Escobar, incluso hay una sentencia que interpreta como beneficio para una empresa el mero hecho de que contrate con la Administración Pública.


José Carlos Pérez Berengena la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector PúblicoJosé Carlos Pérez Berengena, abogado del Área de Litigación y Arbitraje de ONTIER España, habló sobre la experiencia judicial en ejecución y cumplimiento de los contratos, y también sobre las ventajas de la contratación electrónica, para evitar arbitrariedades en la modificación del contrato público y en la morosidad de las administraciones.

Uno de los problemas que se pretende atajar con la nueva ley es el encarecimiento desorbitado de los contratos públicos, una vez concedidos y debido a causas no contempladas en la oferta inicial.


Safwan Nassri en la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector PúblicoSafwan Nassri, CEO de PIXELWARE, explicó el funcionamiento de las plataformas electrónicas de contratación electrónica que deben utilizar las administraciones públicas.

En su opinión, los medios electrónicos permiten mayor agilidad, transparencia e igualdad de trato en la contratación de principio a fin (desde la tramitación del expediente, la licitación y hasta la subasta electrónica).

Nassri también destacó que el uso de plataformas electrónicas fomenta la negociación y la innovación en los contratos, aporta mayor control a las empresas adjudicatarias durante la ejecución, facilita la transparencia en la cadena de subcontratación por medio de «un seguimiento más intensivo» y supone un ámbito de mejora notable en respeto al medio ambiente y sostenibilidad.

Según Nassri, las plataformas de licitación, subasta y contratación electrónica deben restar protagonismo al concepto “documento” y centrarse en el concepto “dato” como eje central de la tramitación y licitación electrónica. De esta manera, se ofrece una mayor flexibilidad e inmediatez en las comunicaciones, notificaciones e intercambio de documentación. Todas estas innovaciones se complementan con una atención profesional tanto para los funcionarios de las administraciones como para los licitadores, por medio de un equipo cualificado y comprometido con estrictos acuerdos de confidencialidad.


Luis Enrique Flores Domínguez- la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector PúblicoLuis Enrique Flores Domínguez, Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla y Vicepresidente de COSITAL (Colegios Oficiales de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración General) de Andalucía, disertó sobre las novedades que la ley supone en la definición de los contratos públicos.

Destacó que, según el proyecto de ley, «el personal eventual no puede formar parte de las mesas» que definen los contratos públicos, «ni puede integrar ningún tipo de órgano que evalúe la oferta». Asimismo, la nueva ley permitirá que «los funcionarios y el personal laboral fijo» ejerzan como expertos, «siempre que no hayan participado en la elaboración de ninguno de los documentos contractuales», dijo Flores.

La ley de Contratos del Sector Público concede a los concejales electos hasta un tercio de representación en los comités que definan estos contratos municipales, y, por otro lado, concluirá con la colaboración público-privada. Según Flores, el proyecto de ley de contratos incluye la fiscalización por parte del interventor, para «valorar y hacer constar en el expediente la recursión del contrato en el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

En concreto, «toda la contratación deberá incorporar un informe de la intervención, para acreditar que el contrato no hace peligrar los objetivos de estabilidad», lo cual en su opinión constituye «otra fuente de conflicto». Además, el interventor tiene que asistir a «la recepción material de todos los contratos», o delegarla bajo su responsabilidad.



María José Santiago Fernández en la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector PúblicoMaría José Santiago Fernández, Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía, habló sobre la transparencia, eficiencia y simplificación de la contratación pública, y también sobre la introducción de criterios sociales y ambientales en los contratos públicos. Asimismo, explicó el papel de «los tribunales de recursos contractuales como mecanismos de control de la contratación pública».

En referencia a la implantación de los medios electrónicos, Santiago Fernández aseguró que «la nueva ley supone una nueva cultura pública y de contratación». Relatando su experiencia, dijo que «para agilizar procedimientos», el TARC de Andalucía ha logrado resolver trámites en cinco días, gracias a que muchos licitadores han aceptado «el correo electrónico como medio de relación con el Tribunal».

Santiago Fernández confía que las plataformas electrónicas eviten la dispersión y permitan que «la agilización sea mayor aún». Gracias a los cambios en los procesos de contratación, y según la Comisión Europea, la mejor eficiencia en la contratación pública ha permitido ahorrar 20.000 millones de euros, así como implantar un modelo más sostenible. Y es que «el archivo de expedientes en papel ocupa hoy más espacio que la sede del propio Tribunal», comentó Santiago Fernández.

Por otra parte, con la nueva ley de Contratos del Sector Público, «los criterios de adjudicación seguirán sin ser negociables en los procedimientos negociables»; es decir, serán negociables otros aspectos, pero no los que determinan el proceso. En este sentido, «los poderes públicos deben ponderar los criterios de adjudicación y deben dejar claro cómo se comprueba el cumplimiento del contrato» explicó.


Expertos en la Jornada Técnica sobre la nueva Ley Contratos Sector Público

El evento reunió a un buen número de especialistas que compartieron impresiones y experiencias sobre el proyecto de ley y sobre los cambios generales en la contratación pública

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